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ESPECULACIÓN Y CHANTAJE CON LA DEUDA
¿Deuda? ¿Qué deuda?
En Grecia, en las nuevas elecciones legislativas del pasado 17 de junio, estaba en juego la cuestión de la renegociación de la deuda. Los contribuyentes se niegan a continuar “metiendo dinero en pozos sin fondo”, estima Alexis Tsipras, el dirigente del partido de izquierda Syriza. En Francia, una campaña popular exige también una auditoría ciudadana de la deuda pública.
¿Ecos de la primavera de 2005? En esa época, el presidente de Francia, Jacques Chirac, había convocado un referéndum que pretendía ratificar el Tratado Constitucional Europeo (TCE). Los medios de comunicación fueron unánimes: había que aprobar el texto. Sin embargo, la campaña se caracterizó por una movilización inédita. Asociaciones, organizaciones políticas y sindicales se dedicaron a analizar, explicar y debatir un documento que por otra parte no era demasiado atractivo. Contra la opinión de los “expertos”, casi el 55% de los franceses decidieron rechazar el TCE.
Siete años después, ya no se trata de ningún tratado europeo, pero el coro de editorialistas resuena otra vez: la carga de la deuda obliga al pueblo a ajustarse el cinturón. Y, aunque esta vez no hubo ningún referéndum para pedirle a los franceses que dieran una opinión sobre la cuestión, una campaña asumió el desafío –delicado– de imponer en el debate público un tema que los medios de comunicación se empeñan en callar: ¿hay que pagar el conjunto de la deuda francesa?
Desde el verano de 2011, casi sesenta mil personas (1) firmaron la convocatoria nacional “Por una auditoría ciudadana de la deuda pública”, que reúne a veintinueve asociaciones, organizaciones no gubernamentales (ONG) y sindicatos, y que goza del apoyo de diversas agrupaciones políticas (2). Desde el otoño de 2011 se crearon más de 120 comités de auditoría ciudadana (CAC), cuyo propósito es “reemplazar las agencias de calificación de riesgo”. ¿Cómo se explica semejante entusiasmo?
El filósofo Patrick Viveret, uno de los impulsores de la campaña, recuerda que la palabra “deseo” –aquí, el deseo de implicarse en una movilización– proviene de des-sideratio, es decir la no sideración: “La sideración tiene la característica de que hasta las víctimas piensan que no es posible que las cosas ocurran de otro modo.
En el plano económico, la sideración es lo que se podría llamar el pensamiento TINA (‘There Is No Alternative’) de Margaret Thatcher: un estado en el que uno dice apenas ‘Sí, es una catástrófe’ y ‘No, no hay otro modo de hacer las cosas’” (3). Se trata, en suma, de un “bloqueo de lo imaginario”, la indignación y la crítica.
Ahora bien, dentro de los CAC, las cosas se destraban cuando los participantes llevan a cabo algunos descubrimientos, que en general los dejan incrédulos:
–¿Cómo? ¿El gasto público francés, en porcentaje sobre la riqueza total producida, no mejora desde hace veinte años? ¿Incluso bajó un poco, del 24% del Producto Interior Bruto (PIB) a mediados de los años 1980, al 22% a mediados de los años 2000? ¿Está seguro?
—¿Cómo dice? ¿Que los ingresos del Estado perdieron cuatro puntos de PIB, pasando del 22% al 18% en el mismo periodo? ¿Entonces “alguien” decidió privar de ingresos al Estado?
—¿Los beneficios fiscales otorgados durante los años 2000 verdaderamente representan un lucro cesante de 100.000 millones de euros por año?
—¿Muchos grandes países del mundo, como Estados Unidos y el Reino Unido, tienen un banco central que da préstamos directamente al Estado a tipos cercanos a cero, y nosotros no?
—Si el Banco Central Europeo (BCE) hubiera aceptado prestar directamente a los países de la zona euro, tal como hace con los bancos, es decir al 1%, ¿nadie se habría visto enfrentado a una deuda “insoportable”? ¿Es cierto eso?
—¿Podría uno negarse a pagar una deuda pública, aun habiéndola contraído? ¿Es que acaso ya se ha hecho algo así?
Las respuestas a estas preguntas (4), recopiladas durante las reuniones, fueron todas positivas y circularon en red. La cuestión de la deuda pública pasa de ser un tema rechazable o inabarcable a ser “deseable” por quienes comenzaron a dominar el tema, como lo hicieron con la reforma de las jubilaciones en 2010, o el proyecto de TCE en 2005. Así pues, vimos florecer no sólo libros, textos y diaporamas, sino también –y sobre todo– innumerables signos de una apropiación real y colectiva: dibujos humorísticos (uno describe una “mamma BCE” atiborrando a un bebé obeso cuyo babero dice “Banco”); juegos de preguntas y respuestas (“Los poseedores de la deuda son: 1) Los bancos 2) Los seguros 3) Los emires del petróleo 4) No sabe/no contesta”) (5); Carteles de películas adaptados; secuencias teatrales; vídeos que circulan por Internet (La dette c’est chouette) (6); etc.
Hay un centro, pero es sólo un nudo de redes: organiza alianzas nacionales y contactos internacionales; transmite los análisis. Estos últimos describen “países ricos muy endeudados” sometidos al mismo tipo de dictadura político-financiera que los países pobres muy endeudados (PPME) de los años 1990. Por entonces, algunos –como los líderes del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM)– habían demostrado cómo la deuda que había emanado de decisiones unilaterales tomadas en EEUU a partir de 1979 se había convertido en el principal medio de avasallamiento neocolonial del sur del planeta. Así pues, no les cuesta mucho convencer que la misma dinámica ahora opera en el sur… de Europa, y que el contagio puede afectar a todos los demás países –Alemania incluida– a través de sus bancos debilitados.
La democracia reivindicada por estos colectivos, tanto como su pluralismo, conduce a poner las cosas en orden. Aparecen controversias, tanto entre los expertos nacionales de estas redes (Economistas Aterrados, ATTAC, Fundación Copernic, CADTM, partidarios de la desmundialización) como en los debates locales. La polémica más importante, surgida durante el primer trimestre de 2012, giraba en torno al papel de los reembolsos de interés acumulados en el inflamiento de la deuda pública. Para algunos, es la mejor explicación: el importe acumulado de los gastos de interés pagados por el Estado francés entre 1980 y 2009 asciende 1,34 billones de euros de 2009, es decir el 90% de las existencias de deuda en 2009 (1,5 billones). Para otros, la cuestión es secundaria, en todo caso en Francia. La operación de acumulación en un periodo largo no tendría sentido, porque nada indica que el préstamo sistemático a tipo cero sea justo, teniendo en cuenta la inflación y el crecimiento. El exceso de deuda provendría primero, según ellos, de los beneficios fiscales concedidos a las más afortunadas, las desigualdades y las operaciones de rescate de los bancos.
Otros debates surgen entre los expertos nacionales, en particular sobre la necesidad de endeudamiento público: ¿un Estado debe endeudarse sin interrupción? O, para decirlo de otro modo: ¿existe una parte del gasto público (potencialmente financiado por la deuda) que pueda considerarse social y ecológicamente inútil o perjudicial, impulsada por lobbies empresariales y financieros y por la competencia destructora entre países o territorios? (7).
Pero los colectivos locales perciben muy bien que los diferentes puntos de vista se completan sin oponerse. Qué importan los detalles del análisis; hay propuestas que obtienen consenso: retirar de los mercados financieros el monopolio de la financiación de los Estados y volver a tipos de interés muy bajos. Y todos insisten en la exigencia de una fuerte reducción de las desigualdades y de la reforma fiscal radical, “a la Roosevelt”.
Los debates locales –siempre más pragmáticos que teóricos– conservan una hipótesis bastante keynesiana, según la cual una parte de la deuda pública francesa probablemente sea legítima, bajo reserva de inventario. Pero solamente una parte: tanto en Francia como en el extranjero (en Bélgica, en Alemania, en varios países del sur de Europa), varios colectivos consideran, por el contrario, que la idea de ilegitimidad se apoya en tres argumentos, cada uno de los cuales bastaría para justificar el uso de este término en su acepción corriente: “Que no se ajusta al derecho, a la equidad, en los planos moral, intelectual ni material”.
El primer argumento es el de la injusticia de las decisiones que profundizaron la deuda: política impositiva de clase, nichos para ricos, aumento de las desigualdades, etcétera. El segundo remite a decisiones que no se ajustan al interés general: confiarles las deudas públicas a los mercados, es decir a los especuladores. El tercero aduce decisiones que a la vez fueron tomadas “a espaldas” y depositadas “sobre las espaldas” de los pueblos: sobre sus espaldas, porque les hace pagar la crisis a los que no tienen nada que ver con su estallido; a sus espaldas, por la falta de democracia y la manipulación de la oligarquía neoliberal sobre la información.
Los comités prefirieron no lanzarse a una cuantificación de la parte ilegítima de la deuda. Una cosa es calificar de ilegítimas ciertas decisiones y políticas, deducir de ello que una parte de la deuda emana de políticas “de clase”. Algo muy distinto es determinar la cantidad que los pueblos no deberían pagar, un ejercicio que parece prematuro: todavía hay que avanzar con la idea de ilegitimidad antes de proponer un vector, que dependerá de la relación de fuerzas.
Los colectivos locales empezaron a mencionar la cuestión clave de la “falta de pago” o default, que también se caracteriza por incertidumbres políticas y técnicas. Los ejemplos históricos de Argentina en la primera mitad de los años 2000 (8), de Rusia en 1998, de Ecuador en 2007-2008, de Islandia tras la debacle bancaria de 2008 ofrecen numerosas pistas de reflexión. Pero, como Francia no está (todavía) en la situación de ninguno de estos países, ni en la situación de Grecia o de Irlanda, la cuestión queda abierta: ¿hay que encarar una política de no reembolso a los acreedores para una parte de la deuda (anulación) y una moratoria de varios años para una fracción de la deuda sin pago de intereses atrasados? ¿No es preferible que el exceso de deuda sea pagado, mediante impuestos, por las capas sociales y por los agentes financieros que lo provocaron y que a menudo sacaron provecho de él? Estas soluciones, que pueden combinarse, tienen en común la negativa de hacer pagar la crisis a las clases populares.
Por Jean Gadrey, economista.
NOTAS:
(2) De Europe Ecologie les Verts (EE-LV) al Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), pasando por el Partido Comunista (PC) o el Partido por el Decrecimiento.
(3) “Construire une résilience. De la sidération au désir”, Universidad Integral del Club de Budapest, 19 de septiembre de 2011.
(4) En la primavera de 2011, el libro de Attac Le piège de la dette publique (Les Liens qui libèrent, París) abordaba varias de estas cuestiones.
(5) Todas las respuestas son correctas, salvo la 3.
(7) Véase “Les Etats doivent-ils s’endetter?”, 26 de septiembre de 2011, http://alternatives-economiques.fr/blogs/gadrey/
(8) Maurice Lemoine, “Frente a los acreedores, osadía argentina y pusilanimidad griega”, Le Monde diplomatique en español, mayo de 2012.