Embriaguez guerrera


Tras los atentados del 13 de noviembre

 

Embriaguez guerrera

 

17 de noviembre de 2015

 

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"Estrellas" (un mercado en Damasco, Siria).
CC Christophe

 

El 13 de noviembre de 2015, una serie de tiroteos y explosiones, que han provocado la muerte de al menos 130 personas, han cubierto de luto París y Saint-Denis. Los autores de estos atentados, varios de ellos jóvenes franceses musulmanes, justificaron su actuación mencionando la intervención militar de su país en Siria contra la Organización del Estado Islámico (OEI, Daesh en árabe). Dos días más tarde, París ha procedido a llevar a cabo nuevos bombardeos contra las posiciones de la OEI en Siria, principalmente en la “capital” de la Organización, en Raqqa. Y, desde entonces, tanto el Gobierno francés como la oposición de derecha coinciden en la necesidad de multiplicar los “ataques” en Siria. Tampoco tienen opiniones mucho más distintas en cuanto a la urgencia de llevar a cabo una implacable “guerra”en el frente interno.

 

La única cuestión que parece que es objeto de debate entre ellos está relacionada con la composición de la coalición internacional para luchar contra la OEI. ¿Con o sin Rusia? ¿Con o sin Irán? ¿Con o sin el Gobierno sirio? Parece que la política exterior francesa, cuyo crédito se ha visto muy afectado por una sucesión de hipocresías y de torpezas, se suma en la actualidad a la idea de una alianza tan amplia como sea posible. Semejante posición es la que ahora defienden el ex presidente de la República, Nicolas Sarkozy, el ex primer ministro, François Fillon, y el ex ministro de Asuntos Exteriores, Alain Juppé. Todos ellos exigían aún hace algunos meses, o algunas semanas, la salida previa del presidente sirio Bachar el Asad; ahora, todos han renunciado a esta exigencia.

 

Sin embargo, la intervención militar francesa, decidida en solitario, sin debate público, sin otro tipo de participación por parte del Parlamento que el puramente decorativo y con un alineamiento mediático conforme a los hábitos del periodismo de guerra, plantea varias cuestiones de fondo.

 

En primer lugar, la existencia de una “coalición”: ésta es tanto más amplia cuanto que los objetivos de guerra de sus principales miembros son diferentes, a veces de forma muy perceptible. Algunos participantes (Rusia, Irán, el Hezbolá libanés, etc.) quieren sobre todo mantener en el poder al régimen de El Asad aunque lo deteste gran parte de la población siria. A otros (Turquía y Arabia Saudí en particular), los cuales han mostrado complacencia hacia la OEI hasta que ésta se vuelve contra ellos, les gustaría asegurarse de que El Asad va a caer. ¿Cómo imaginar que este principal malentendido no desemboca en nuevas convulsiones en caso de una hipotética victoria de los aliados circunstanciales contra la OEI? ¿Habrá que pensar entonces en una nueva intervención para separar (o para destruir) a algunos de los antiguos aliados? Las atrocidades de la OEI están ampliamente documentadas, incluso por la propia Organización. No obstante, ésta fue bien acogida en las regiones suníes de Irak y de Siria cuyos habitantes habían sufrido la explotación y la tiranía de las milicias chiíes. Por mucho que les afecte la férula bajo la que sufren en este momento, estos habitantes no se sentirán necesariamente liberados por sus antiguos perseguidores.

 

La otra cuestión fundamental tiene que ver con la legitimidad y con la eficacia de las intervenciones militares occidentales incluso con respecto a los objetivos que se asignan. La OEI sólo es el avatar un poco más sangriento del salafismo yihadista promovido por el wahabismo de Arabia Saudí, una monarquía oscurantista que las capitales occidentales no dejan de agasajar. Por lo demás, a menos que se piense que el objetivo actual de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, etc. sea simplemente asegurarse que Oriente Próximo y las monarquías oscurantistas del Golfo seguirán constituyendo un mercado dinámico para sus industrias armamentísticas, ¿cómo no tener en mente el balance verdaderamente calamitoso de las últimas expediciones militares en las que han participado Washington, París, Londres, etc. o que estas capitales han apoyado?

 

Entre 1980 y 1988, durante la guerra entre Irán e Irak, los países del Golfo y las potencias occidentales ayudaron ampliamente al régimen de Sadam Hussein, esperando así debilitar a Irán. Objetivo conseguido a costa de un millón de víctimas. Quince años más tarde, en 2003, una coalición encabezada por Estados Unidos y Reino Unido (pero sin Francia) destruía el Irak de Sadam Hussein. El resultado: este país, o lo que queda de él, pasó a ser un aliado muy cercano... de Irán. Y varios cientos de miles de sus habitantes murieron principalmente en la continuación de los enfrentamientos confesionales entre suníes y chiíes. Para terminar de completar el desastre, la OEI controla una parte del territorio iraquí.

 

Mismo escenario en 2011 cuando, infringiendo el mandato de una resolución de la Organización de las Naciones Unidas, los occidentales provocaron la caída de Muamar el Gadafi. Así pretendían restablecer la democracia en Libia, como si esta preocupación hubiera determinado en algún momento la implementación de su política exterior en la región. En la actualidad, Libia ya no es un país, sino un territorio donde se enfrentan militarmente dos Gobiernos. Sirve como arsenal y como refugio a todo tipo de grupos terroristas, entre ellos a la OEI, y como factor de desestabilización regional. ¿Sería insolente reflexionar unos segundos –incluso más– sobre el balance de estas últimas intervenciones occidentales antes de poner en marcha una nueva con el evidente entusiasmo general? El año pasado, el propio presidente Barack Obama admitió en West Point: “Desde la Segunda Guerra Mundial, algunos de nuestros errores que más caros nos han costado no han venido de nuestra contención, sino de nuestra tendencia a precipitarnos hacia aventuras militares sin pensar en sus consecuencias”.

 

Como siempre, el discurso de “guerra” se duplica con un dispositivo de seguridad y policial reforzado. Esto ha dado lugar a excesos en Estados Unidos ya conocidos. En Francia, ahora se tratan las cuestiones del restablecimiento de controles en las fronteras, de la privación de nacionalidad y de la modificación de la Constitución para, como acaba de explicar el Presidente de la República, “permitir a los poderes públicos actuar contra el terrorismo de guerra”.

 

Por lo sucedido, nadie podría negar la necesidad de proteger los lugares públicos contra actos terroristas, ya que los atentados coordinados del 13 de noviembre acaban de poner de manifiesto un fallo evidente de los servicios de seguridad. Sin embargo, ¿hay que crear con prisas un nuevo arsenal de restricción de las libertades individuales, incluso cuando las leyes “antiterroristas” no han parado de sucederse una detrás de otra, a menudo endurecidas incluso antes de su implementación? Además, el actual clima de pánico y de demagogia con respecto a la seguridad favorece las sugerencias más inquietantes, como la de encarcelar a los “sospechosos” de yihadismo, o de radicalización, lo que llevaría a otorgar a la policía y a la Administración el derecho de hacer justicia, también para decidir de forma unilateral medidas privativas de libertad.

 

Después de una serie de crímenes premeditados que tenían como objetivo lugares de ocio y de sociabilidad un viernes por la noche, la emoción de la población francesa es comprensible. No obstante, los responsables políticos tienen la responsabilidad de reflexionar sobre los motivos de sus adversarios y sobre las dinámicas que ponen en marcha antes que desencadenar baladronadas con la efímera esperanza de confirmar su temblorosa popularidad.


Estamos lejos de esto.