La violencia de la ética petrolera


 

 

La violencia de la ética petrolera


Por Lara Montesinos Coleman

Lara Montesinos Coleman es profesora titular e investigadora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sussex, UK.


La atención internacional vuelve a centrarse en el turbio pasado de las operaciones petroleras de BP en Colombia.  El Tribunal Supremo de Londres ha admitido a trámite un caso contra BP,  presentado en nombre de Gilberto Torres, ex sindicalista secuestrado y torturado en 2002 por paramilitares apoyados por el Estado colombiano.  Durante un juicio en Colombia, los secuestradores afirmaron que era la propia Ocensa la que les daba órdenes.  Los acusados declararon que Ocensa, empresa de la que BP poseía el 15%, les pagó 40.000 dólares adicionales por el trabajo.

Este tipo de caso jurídico es clave para contrarrestar la impunidad sistemática de la que gozan las empresas transnacionales frente a los abusos que se cometen en el ámbito de los derechos humanos.  Los abogados de Torres en Londres esperan que la demanda abra el camino a cientos de casos de activistas, de sindicalistas y de líderes de comunidades asesinados o “desaparecidos”. BP, que hace cuatro años abandonó sus operaciones en la región colombiana de Casanare, niega cualquier vínculo con grupos paramilitares.  Ha dicho que defenderá “fuertemente” su actuación y que Ocensa no estaba bajo su control cuando Torres fue secuestrado.

El caso de Torres va más allá de los hechos presentados ante el Tribunal.  Los campos petrolíferos de Casanare destacan no sólo por la fuerte represión que ha acompañado a la explotación petrolera sino, además, por ser la cuna de la responsabilidad social de las grandes petroleras y el lugar donde empezaron a preocuparse por los derechos humanos.  A mediados de los años 1990, BP recibió fuertes críticas por sus lazos con el Ejército colombiano y –por extensión– con paramilitares acusados del asesinato de ambientalistas, de activistas comunitarios y de sindicalistas.  La compañía ‘aprendió de sus errores’ rápidamente y fue una de las primeras en establecer un diálogo con organizaciones de cooperación internacional para el desarrollo.  En 1997, representantes de BP se sentaron a hablar de derechos humanos con un grupo de ONG británicas, compuesto por Oxfam, Save the Children, Cafod, Christian Aid y el Instituto Católico de Relaciones Internacionales.  

A raíz de esto, BP se convertiría en la pionera en reconocer que los derechos humanos son un asunto pertinente para las empresas.  Además, ha definido la agenda mediante la promoción de la responsabilidad empresarial como parte integral de la evaluación de las compañías.  En el año 2000, BP se convirtió en uno de los primeros firmantes de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos para empresas del sector extractivo.  El Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Empresa, John Ruggie, visitó las instalaciones de BP para la formación en derechos humanos del Ejército colombiano en enero de 2007.  Posteriormente, Ruggie afirmó que los Principios Voluntarios habían sido ‘implementados de forma extensiva a nivel nacional en Colombia’, con un impacto positivo en la ‘anteriormente notoria Brigada XVI’.

Mientras tanto, la Brigada XVI continuaba consolidando su notoriedad en Casanare.  Según un informe de varias organizaciones colombianas de derechos humanos, fueron soldados los que asesinaron a Ángel Camacho en el municipio de Aguazul precisamente el mismo mes de la visita de Ruggie.  El informe daba cuenta de más de 30 ejecuciones extrajudiciales a manos de la Brigada XVI sólo en el año 2007.  Pasé un año como investigadora y como voluntaria trabajando en materia de derechos humanos en Casanare poco después de la breve visita del Representante Especial del Secretario General de la ONU y presencié directamente cómo la Brigada XVI continuaba vigilando ilegalmente a activistas comunitarios en los alrededores de los campos petrolíferos. Hablé con muchas personas que me hablaron de asesinatos de hijos, de parejas y de vecinos a manos de soldados de la Brigada.

Sólo la sospecha de ser de izquierdas podía acarrear la sentencia de muerte.  En una reunión comunitaria sobre derechos humanos en la que yo participé, el Sargento Ávila del Batallón XLIV dijo que su batallón había asesinado a muchas personas de la vecindad.  Ávila afirmó que era culpa de los vecinos de las víctimas, quienes “nos habían dicho que eran de izquierdas”.

En noviembre de 2002, pocos meses después del secuestro de Torres, la Asociación Comunitaria el Morro coordinó una huelga cerca del campo petrolífero de Cupiagua.  Los miembros supervivientes de la Asociación a los que he entrevistado dijeron que querían una respuesta de BP por el persistente daño ecológico, por el empleo precario y mal pagado, y por el continuo incumplimiento de los acuerdos alcanzados con la comunidad.  

Según informes de la comunidad, Jorge Guzmán, del departamento de asuntos comunitarios de BP, dijo tras la protesta que estaba “cansado” de la Asociación Comunitaria El Morro, puesto que no “dejaba trabajar a la compañía”.  Durante las semanas y los meses posteriores, algunos miembros de la Asociación empezaron a recibir amenazas como, por ejemplo, la de “dejen de joder a BP”.  En septiembre de 2004, el tesorero de la Asociación, Oswaldo Vargas, fue asesinado a tiros cuando volvía de una reunión con representantes de BP. Cinco días después, Fasio Holguín, otro dirigente de la Asociación, sobrevivió a un atentado que casi le cuesta la vida.   

El periodista de investigación Gearóid Ó Loingsigh entrevistó al comandante paramilitar Carlos Guzmán Daza (alias Salomón) en noviembre de 2007.  Salomón afirmó: “Cuando los campesinos hacían huelgas o protestaban ante cualquier situación derivada de la actuación de las compañías del sector petrolero [por la] que se sentían afectados, los paramilitares iban a amenazar a los campesinos.  Hay o debe existir registro incluso de presidentes comunales que fueron asesinados o desplazados por oponerse a políticas que la BP implementaba en Casanare.  Eso lo hacían los paramilitares y, como digo, éstos nunca hacían nada gratis.  Si prestaban un servicio a alguien es por que ese alguien estaba financiando o dando dinero o algún soborno a cambio de amenazar al campesino, a gente que se oponía a esas políticas”.

Asimismo, Ó Loingsigh se hizo con un correo electrónico interno de BP.  En septiembre de 1997, poco antes de una visita de representantes del las ONG británicas a Colombia, el Director de Políticas de BP, David Rice, escribió lo siguiente a un colega que había mediado con ONG en Colombia:

“Andrés, Buen trabajo.  Estoy de acuerdo contigo en que nos beneficiaría trabajar más con Oxfam en Colombia.  Nos han sido de gran ayuda aquí y se nos están acercando cada vez más.  Tus visitantes tienen mucha influencia en la comunidad de ONG para el desarrollo en el Reino Unido y, por consiguiente, en cómo las alegaciones en contra [nuestra] son tomadas en cuenta o no.  Relaciones buenas y más cercanas con Oxfam serán un factor significativo en la diferenciación de BP a escala mundial” (1).

A su vez, representantes de BP, el Embajador colombiano en el Reino Unido, el Embajador británico en Colombia y ‘expertos independientes’ anónimos eran citados en los medios de comunicación, donde declaraban que las críticas a BP eran una “campaña de difamación” organizada por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).  

Michael Gillard, el periodista que dio la noticia sobre los vínculos de BP con el Ejército colombiano, ha dicho que él también fue tildado de insurgente: “para BP era útil intentar desprestigiar mi trabajo periodístico sugiriendo que una de las guerrillas de Colombia movía los hilos en mi labor.  Supe por primera vez de esta campaña de desprestigio en 1997 tras hablar con un periodista especializado en la industria del petróleo en Houston, a quien Roddy Kennedy, Jefe de Prensa de John Browne [en aquel entonces Director Ejecutivo de BP], había advertido sobre mí.  Más tarde escuché en diversas fuentes que BP me difamaba llamándome el hombre del ELN en Europa’ (2).    

 “En general, la estrategia de BP era todo un clásico: dividir a los activistas denominados 'razonables', con los que sentían que podían trabajar, y a los considerados 'no razonables', que eran sutilmente etiquetados como militantes y simpatizadores de la guerrilla, lo cual conlleva la pena de muerte en Colombia”, añadió.  

La responsabilidad empresarial voluntaria es más que una fachada.  Es un poderoso medio para disciplinar la discrepancia.  Incapaz de reconocer las luchas de otros que no reflejaban su propia imagen de “sociedad civil”, las ONG británicas alimentaron un proceso de neutralización de la resistencia sin darse cuenta.  Animaron a BP en la promoción de los derechos humanos sin entender por qué las organizaciones campesinas en Casanare reclamaban derechos precisamente para luchar contra la explotación petrolera y contra todas sus consecuencias dañinas.   

Durante su diálogo con BP, el grupo de ONG se negó a publicar un informe que este mismo grupo encargó al investigador colombiano Pedro Galindo.  El informe incluía una crítica sobre cómo las regalías petroleras eran calculadas para asegurar, en palabras de Galindo, “máximas ganancias para las multinacionales y mínimos beneficios para la población”.  Galindo dijo que su informe tenía por objeto “mostrar cómo la exploración petrolera representaba la imposición de un modelo cultural y económicamente ajeno… y lanzar la idea de que la gente de Casanare debería poder tomar la responsabilidad de encontrar soluciones a sus propios problemas” (3).

Los códigos de conducta empresariales pretenden promover derechos, pero, en la práctica, lo que hacen es reducir tales derechos a un mero contrato precario y privado.  Los sujetos de los “derechos” fomentados voluntariamente por las empresas no tienen esos derechos como ciudadanos, aún menos gracias a su condición humana (pilar fundamental de la noción de derechos universales).  Poseen derechos sólo como “socios”, una figura condicionada al proceso de acumulación de capital al que son obligatoriamente asociados.  

BP ha hecho hincapié en su trabajo con sus “socios” en los alrededores de sus campos petrolíferos.  Sin embargo, el alcance de su inversión comunitaria ha sido escaso en realidad.  “Por supuesto que estamos muy agradecidos a la BP por darnos un  balón para los niños, pero preferiríamos un apoyo real”, comentaba un líder comunitario.

En 1994, BP y otras compañías petroleras en Casanare establecieron la Fundación Amanecer.  Esta ONG lleva a cabo una serie de proyectos entre los municipios más cercanos a los campos petrolíferos, fomentando la producción agrícola competitiva y una “cultura empresarial” entre la población.  Una campesina resumía cómo percibía los efectos de esto: “primero, la BP destruye el tejido social y ahora está intentando construir uno nuevo a su imagen y semejanza”.

Ahí donde las organizaciones continuaban movilizándose en torno a los continuos daños medioambientales, la falta de inversión social y los asesinatos de sus vecinos, representantes de la Fundación, han aparecido en sus reuniones de forma inesperada y han animado activamente a la población a participar en sus proyectos en lugar de protestar.

Asimismo, la protesta continúa acarreando grandes riesgos, tal y como lo muestran claramente los casos de Gilberto Torres, Oswaldo Vargas y los asesinatos registrados hasta 2014. Dejando a un lado la cohesión la asignación de derechos mediante la responsabilidad empresarial, la población ha continuado siendo utilizada como si de un objeto “de usar y tirar” se tratara.  Se les puede asesinar con impunidad, sin que nadie tenga que asumir responsabilidades por ningún crimen.  

Si las compañías petroleras están implicadas en violaciones de derechos humanos, no es así porque sean malos ejemplos de responsabilidad empresarial.  Esta última es la otra cara de la eliminación de la disidencia por medio de las armas.  Funciona con su propia violencia ética, borrando las experiencias y las luchas de aquellos cercanos a los campos petrolíferos.  Al sustituir a la ley, los códigos de conducta empresariales refuerzan la impunidad de los abusos.  Los derechos se promueven como valores abstractos, fusionados al orden de las cosas existente.  Las compañías pueden proclamar que han “aprendido de sus errores” y que sus operaciones pueden considerarse éticas a partir de ahora (4).

Casos legales como el presentado en nombre de Gilberto Torres desafía esta lógica. Así, desafiar la impunidad no es tan sólo intentar confinar los abusos en el pasado.  Sirve para exponer los crímenes cometidos, para preservar la memoria del pasado en el presente, y para poner de relieve las contradicciones entre el reconocimiento de derechos por parte de las empresas y un modelo económico que implica la violación sistemática y la desposesión de los trabajadores y de las poblaciones cercanas a los campos petrolíferos.  Forma parte de un proceso de reconstrucción de comunidades y de organizaciones sociales aniquiladas.

Los abogados de Torres en Londres están usando el micromecenazgo para financiar este caso.  Trabajan con War on Want y con Cos-pacc, una organización fundada por campesinos desplazados de los alrededores de los campos petrolíferos de BP en Colombia, para lanzar una campaña de Justicia Petrolera.



(1) Rice, David P.  Email enviado el jueves, 18 de septiembre del 1997, a las 10:40am. Citado en Ayala et al, Por Dentro E’Soga: Un Analysis de los Impactos de BP en Casanare (Bogotá: Desde Abajo, 2010).
(2) Entrevista Michael Gillard, 24 December 2007.
(3) Entrevista a Pedro Galindo, 27 December 2007.
(4) Para un análisis más a fondo en inglés, véase Lara Montesinos Coleman, ‘The making of docile dissent: neoliberalization and resistance in Colombia and beyond’, International Political Sociology 9:2 (2013), y ‘Struggles, over rights: humanism, ethical dispossession and resistance’, Third World Quarterly 36:6 (2015).